Consumadas las reformas en materia penal: legalizan la violación a los Derechos Humanos en México

México, 11 de diciembre de 2007.- Hace apenas unas horas fueron aprobadas en el pleno de la camara de diputados y con la participacion de las tres principales fuerzas politicas del pais (PRI, PAN y PRD), las reformas constitucionales en materia penal.

Dichas modificaciones constitucionales establecen el allanamiento y las aprehensiones sin orden judicial, intervenciones de las comunicaciones privadas y acceso por parte del ministerio publico a informacion confidencial de los supuestos delincuentes, entre otras cosas.

Tambien prohibirán que los inculpados por el delito de delincuencia organizada cumplan sus sentencias en penales cercanos a su domicilio y restringirá las comunicacion con familiares y amigos.

La reforma incluye la definicion de "delincuencia organizada" que se entiende como "una organización de hecho de tres personas o más para cometer delitos en forma permanente o reiterada".

Estas medidas, sin lugar a dudas legalizan la violacion sistematica a los derechos humanos que viene realizando el gobierno mexicano desde hace ya muchos años y que se han recrudecido en ultimas fechas.

Para muestra basta con ver los allanamientos y aprehensiones realizados durante los operativos del año pasado en San Salvador Atenco y en Oaxaca ya que en ambos casos todos y todas las personas aprehendidas fueron acusadas de delincuencia organizada y el caso de decenas de personas detenidas en Oaxaca que fueron trasladadas al penal federal de Nayarit.

Apenas en abril pasado fue aprobado el paquete de reformas antiterroristas entre las que se cuenta la modificación al artículo 139 del Código Penal Federal. Dichas reformas en su conjunto ilegalizan la protesta social civil y pacífica, al considerarla una presión terrorista contra las autoridades.

Los últimos años se han dado fuertes protestas en México contra autoridades gubernamentales que están desarticulando el marco constitucional en beneficio de un puñado de empresarios. Estas protestas de población civil y pacífica han sido enfrentadas por las autoridades con la fuerza policial y militar armada incurriendo frecuentemente en crímenes de lesa humanidad que van quedando impunes. Ambas reformas asociadas legalizan el crimen gubernamental.

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